El coraje de decenas de víctimas de la tortura, muchas de ellas víctimas de abusos sexuales y violaciones, permitió que más de un centenar de represores fuera condenado. Lucía Topolansky, en una entrevista televisiva, emitió opiniones desacertadas.
Por Gastón Grisoni – 18 de diciembre de 2024
Salvo la causa de Los Vagones que fue promovida por el gobierno canario cuando el Intendente era el actual presidente electo, todas, absolutamente todas las causas judiciales contra los represores de la dictadura, fueron iniciadas, y promovidas, haciendo de tripas corazón, por las propias víctimas o sus familiares directos.
Debieron superar sus dolores, sus angustias, sus
sufrimientos. Tuvieron que soportar, incluso, la actuación de jueces insolentes,
las prepotencias de los abogados defensores de los militares en los recintos
judiciales, y una cultura de la impunidad vigente hasta el día de hoy. Debieron
hacerlo en el marco del asedio constante de los dueños del poder y su sistema
mediático.
Derribar la muralla de la
impunidad
La dictadura y el terrorismo de Estado fueron una
calamidad en múltiples planos. Como colectivo organizado de víctimas directas
del terrorismo de Estado, desde Crysol luchamos para acabar con la Ley de Caducidad que protegía
a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.
Cuando la Suprema Corte de Justicia en el año 2009
estableció la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley de Caducidad y
la Sentencia Gelman de la Corte IDH estableció su nulidad fáctica, al amparo de
la Ley 18 831 que restableció la pretensión punitiva del Estado, promovimos las
denuncias judiciales para investigar, esclarecer y sancionar las graves
violaciones a los derechos humanos que han sido comprobadas y verificadas una y
otra vez.
La causa de Boiso Lanza, con el patrocinio legal del
Dr. Oscar López Goldaracena, fue la primera, en el año 2010.
La justicia es clave para
afirmar la democracia
La investigación, el esclarecimiento y el castigo
penal de las graves violaciones a los derechos humanos es un requisito básico y
esencial para lograr la paz social, para asegurar la justicia, afirmar el Estado
de Derecho y cercenar las posibilidades de que las mismas puedan volver a ocurrir.
La vida ha demostrado que las Fuerzas Armadas han
mentido una y otra vez. Hasta el día de hoy mantienen secuestrada la verdad
sobre lo ocurrido con las y los detenidos desaparecidos. Los militares involucrados
han mentido sistemáticamente y mantienen un silencio colectivo. Hasta el
momento no han colaborado con la justicia ni han dado muestras de colaboración
ni de arrepentimiento. A lo sumo, en algunos casos, han confesado sus delitos,
quitándole gravedad a su participación.
Una golondrina no hace verano
No podemos descartar que, entre los centenares de
testigos que se presentaron, alguno haya mentido. Incluso que haya habido quien
incitó a otros a mentir. Hubo miles de prisioneros políticos. Hubo
colaboradores de la dictadura, hubo colaboradores de los militares en los
penales, hubo infiltrados en plena democracia.
En un colectivo muy numeroso de sobrevivientes del
terrorismo de Estado, existen decenas de compañeras y compañeros que arrastran
secuelas de por vida, fruto de las torturas vividas, de la larga reclusión en
condiciones diseñadas para la destrucción. Tienen trastornos físicos y también
secuelas mentales. La lista de autoeliminados, desde el retorno a la democracia
es larga. Algunos hasta terminan renegando de sus convicciones pasadas, de su
trayectoria de vida y hasta terminan diciendo cualquier cosa.
Las garantías del debido
proceso
Todos los militares que han sido procesados y/o
formalizados por la justicia han tenido todas las garantías del debido proceso
y hasta en exceso, se les toleraron todas las artimañas dilatorias. Ninguno
declaró estando encapuchado ni esposado. Ninguno fue torturado, ni siquiera
amenazado. Siempre declararon con sus abogados defensores presentes. Todos han
sido procesados en base a pruebas documentales incontrovertibles, en base a
documentos generados por el propio ejército. En algún caso hubo errores
judiciales que fueron subsanados en instancias posteriores en el marco del
sistema judicial garantista de nuestro país.
Las y los denunciantes: un
papel decisivo para la justicia
La prisión masiva y prolongada, asociada a la tortura,
fue la característica diferencial de la represión política en el Uruguay
respecto a otros procesos de violación a los derechos humanos similares
ocurridos en el Cono Sur. Fue la modalidad deliberadamente seleccionada por las
Fuerzas Armadas para destruir a sus enemigos (Serpaj – Uruguay nunca Más –
1989).
Las víctimas de las torturas que presentaron denuncias
judiciales al retornar a la
institucionalidad democrática desempeñaron un papel decisivo para que en este
país más de un centenar de represores haya sido juzgado y condenado. La
sociedad uruguaya les debe mucho a todas y a todos ellos. Han sido ejemplo de
vida. Las declaraciones de Lucía son lamentables. Allá ella y sus demonios
internos.
---------------
(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.
